Abogados de DESA le Advierten a las ONGs que No Celebren las Violaciones al Debido Proceso en el Juicio de Berta Cáceres

Washington, DC – 19 de diciembre de 2018 – El comportamiento de varias ONGs globales ha sido temerario e irresponsable en tanto han aplaudido un profundamente controversial fallo judicial en el caso de Berta Cáceres en Honduras, dijo Robert Amsterdam, abogado internacional de Desarrollos Energeticos S.A. (DESA).

Amsterdam hizo esas declaraciones en una carta abierta que este martes su equipo de defensa entregó a varias docenas de ONGs internacionales y publicó en línea.

Amsterdam comentó que “[l]a posición generalizada de muchas ONGs es que este defectuoso fallo fue un ‘paso positivo’ para el estado de derecho en el país, cuando en realidad fue lo opuesto – esta fue una corte que se arrodilló ante presiones externas al ver como una campaña de presión de activistas quebrantó su independencia”.

Amsterdam afirmó en la carta abierta: “Un endoso del fallo, especialmente antes de que el récord entero de la corte haya sido hecho público, implica un respaldo a un proceso viciado profundamente, y rebaja el estándar que se espera de las cortes en Honduras a la vez que erosiona más aún el estado de derecho en el país. Esta celebración no solo ha resultado en el encarcelamiento de un hombre inocente, Sergio Rodríguez, sin evidencia suficiente, también pone al país en un camino en donde los fallos con motivaciones políticas son vistos como una forma aceptable de justicia – aun cuando violen la ley”.

La carta abierta cita declaraciones de un abogado de los acusadores privados, quien similarmente admitió en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el fallo podría ser revocado dadas esas irregularidades procesales. La carta también identifica muchos de los defectos cruciales en el proceso judicial y subraya la fundamental ausencia de evidencia concluyente contra el Sr. Rodríguez.

“Como estas organizaciones quieren tanto que se haga justicia, han acríticamente aceptado conclusiones sin exigir evidencia. Muchas han decidido que este tipo de fallo es aceptable, que DESA y otros deben ser encontrados culpables simplemente porque el COPINH eso dice, aunque ello signifique violar la ley y violar derechos humanos para así conseguirlo”, explica Amsterdam en la carta.

El texto íntegro de la carta abierta a las ONGs sigue:

HONDURAS: Las ONGs Deben Frenar su Endoso a una Justicia Polítizada y Demandar Juicios Justos 

Carta Abierta a la Comunidad Global de ONGs Sobre el caso de Berta Cáceres Case en Honduras

Estimados Colegas,

Como la mayoría de ustedes saben, el 29 de noviembre una corte en Honduras encontró culpables a siete de ocho acusados de estar involucrados en el asesinato de la activista Berta Cáceres en 2016. Este juicio ha estado plagado desde el inicio de demoras, faltas al debido proceso, y violaciones flagrantes de los derechos de los acusados, pero aun así ha sido celebrado ampliamente por las ONGs como un paso adelante para Honduras, mientras que muchos han hecho llamados para acusaciones adicionales cuyos contornos no han especificado.

Esto es temerario e irresponsable. Un endoso del fallo, especialmente antes de que el récord entero de la corte haya sido hecho público, implica un respaldo a un proceso viciado profundamente, y rebaja el estándar que se espera de las cortes en Honduras a la vez que erosiona más aún el estado de derecho en el país. Esta celebración no solo ha resultado en el encarcelamiento de un hombre inocente, Sergio Rodríguez, sin evidencia suficiente, también pone al país en un camino en donde los fallos con motivaciones políticas son vistos como una forma aceptable de justicia – aun cuando violen la ley.

Incumplimiento de Estándares del Debido Proceso

Pero por favor no acepten este argumento solo porque yo lo digo. Luego del fallo, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Víctor Fernández, uno de los abogados que representa acusadores privados en el juicio, quien es también abogado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINHH), admitió abiertamente que el fallo “corre el riesgo de ser revocado por el abanico de violaciones al debido proceso que se produjeron durante la preparación y sustanciación del juicio oral y público”.

Aun antes de que la corte hubiera tomado su decisión, muchos observadores estaban listos para declarar ilegítimo el proceso. Antes del fallo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron conjuntamente una declaración que parecía impugnar la credibilidad de la corte basándose en la reciente expulsión de los acusadores privados del juicio. Esta acción, ellos escribieron, “socava significativamente el derecho de las víctimas a un acceso efectivo y equitativo a la justicia así como su derecho a la verdad” y “además, tiene efectos concretos en la evacuación de los medios probatorios, que habrían sido propuestos por la acusación privada”.

¿Pero no tienen los acusados derecho a un juicio justo? ¿Es la presunción de inocencia de los acusados secundaria a los deseos de las víctimas? ¿Por qué todas estas quejas sobre el procedimiento se han enfocado solo en los derechos de las víctimas o se han esfumado tan pronto como la corte produjo el resultado solicitado?

Ausencia de Prueba Concluyente

Antes de que la corte hubiera tomado su decisión, nosotros en el equipo de la defensa de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) publicamos un libro blanco de sobre 80 páginas detallando las irregularidades procesales, violaciones de derechos y los claros y flagrantes incumplimientos de normas internacionales básicas para un juicio justo.

Más allá de las fallas procesales, el aspecto más importante de los juicios de Berta Cáceres que deben entender las ONGs es que la fiscalía no ha presentado ninguna evidencia conclusiva que pruebe que Sergio Rodríguez, David Castillo, o ningún otro miembro de DESA tuvo ninguna responsabilidad directa en este terrible crimen. Solo el caso de Sergio Rodríguez estuvo ante la corte en este juicio pues a David Castillo se le juzgará por separado. Además no se han presentado acusaciones criminales contra DESA ni ninguno de sus demás empleados o ejecutivos. Pero curiosamente en el fallo de este primer juicio la corte habló en términos amplios como si hubiera estado juzgando la culpabilidad de Castillo y concebiblemente de otros contra quienes no se han presentado acusaciones. Esto representa una indignante violación de los derechos a un debido proceso y a la presunción de inocencia de cualquiera que no fue parte de ese primer juicio.

Pese a que hay miles de páginas en el expediente del caso, no hay ni un solo ítem de prueba ni ningún testimonio creíble, ni transacción que pruebe intención o implique el involucramiento de nadie asociado a DESA. En pocas otras jurisdicciones en el mundo sería posible que un tribunal hallara a alguien culpable basándose principalmente en la inclusión de esa persona en un chat de mensajes de textos, una llamada con contenido no especificado, y luego de que la corte ha denegado la consideración de toda la evidencia pericial que la defensa presentó a tiempo aún cuando se le habían impuesto absurdas y siempre-cambiantes fechas límites diseñadas para imposibilitar la presentación de dicha evidencia.

Debe resaltarse que los fiscales, no presentaron evidencia concluyente por falta de capacidad o pericia, sino porque simplemente ella no existe. No hay un motivo lógico para DESA en este caso. La muerte de Berta Cáceres fue precisamente el peor resultado imaginable – un horrible delito que devastó reputaciones, destruyó empleos y oportunidades en las comunidades, y resultó en el cierre indefinido del proyecto, lo cual le ha costado millones a la compañía.

Antes de su muerte, la compañía había en gran medida logrado una disminución en las tensiones con Cáceres luego de haber movido el lugar del proyecto a una segunda localización. Según mensajes de texto borrados que fueron recuperados por expertos en datos forenses y publicados en los anexos del libro blanco, Berta Cáceres y David Castillo tuvieron una auténtica y cercana amistad, que incluyó su apoyo financiero para el cuidado médico de la madre de Berta, así como ayuda para encontrar médicos que dieron tratamiento a su madre, ayuda económica para comprar un vehículo para el COPIHN, felicitaciones en fechas festivas, comentarios sobre sus respectivos viajes, frecuentes encuentros cara a cara, Berta pidiéndole a David consejo sobre cómo alquilar un auto en los Estados Unidos; y lo más importante, que justo antes de recibir el premio Goldman Berta le dijo a Castillo que le habría gustado que estuviera con ella en la ceremonia de premiación. Cáceres no le tenía miedo a Castillo ni hubo nunca ninguna amenaza como el COPINH tan a menudo falsamente alega.

La Presión de las ONGs Llevó al Error Judicial

Al incluir al Sr. Rodríguez entre los culpables, la corte, actuó exactamente como las ONGs globales la estaban presionando a actuar. La lectura del fallo de la corte de 29 de noviembre recoge en gran parte las conclusiones del informe que publicó el mal llamado Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), quienes fueron nombrados por el COPINH.

Meses antes, le habíamos pedido a uno de los más prominentes expertos en derecho penal en todo el mundo que examinara las conclusiones del GAIPE. El abogado canadiense Brian Greenspan quien es famoso por haber descifrado casos de asesinato destacados en la prensa como el asunto Sherman en Toronto, descubrió numerosas fallas fatales en el Informe GAIPE y temerarias, no substanciadas acusaciones en lo relativo a DESA.

En el su Informe Greenspan encontró que los autores del GAIPE “no cita[n] elementos que realmente fundamenten estos alegatos”, contra DESA, y en cambio basan sus conclusiones “en mensajes de texto que no guardan ninguna relación con los contenidos de estos alegatos”. Greenspan concluye que “[e]l Informe del GAIPE parece estar escrito para justificar los cargos contra los ejecutivos de DESA, no para determinar desapasionada y objetivamente la verdad. Todo intento de retratarlo como un informe de determinación de hechos independiente es, desafortunadamente, erróneo y trágicamente engañoso”.

Sin embargo, continuamos viendo ONGs refiriéndose a este desacreditado y parcializado informe, y ya hemos visto como en respuesta a la inmensa campaña de presión pública una corte ha llegado a las mismas conclusiones carentes de sustento en la evidencia.

El COPINH ha Engañado y Desinformado

Es fácil entender por qué las ONGS han mal interpretado este caso y su fallo. Por décadas la corrupción e impunidad han plagado a Honduras. Berta Cáceres era una muy visible y tremendamente simpática figura, y su muerte fue reprehensible y brutal. Tomando eso en cuenta, se entiende el interés en ver este caso como una prueba del alcance de la rendición de cuentas.

Pero cuando hay tantas vidas en juego, tiene la más alta importancia que todos manejemos solo los hechos y la evidencia – y desafortunadamente, el COPINH y sus aliados no han sido intermediarios honestos en este proceso. Repetidas veces han mal interpretado, engañado y mentido a los medios y las ONGs internacionales a la vez que preventivamente han atacado los derechos a la inocencia y a un juicio justo de los acusados. Nuestro libro blanco inclusive contiene evidencia en mensajes de texto que muestran un plan deliberado del COPINH para engañar e inducir a error a una Relatora Especial de las NN UU y a representantes de Global Witness.

El COPINH ha sido una fuerza dominante en lo relativo al control de la narrativa pública del caso. Han presentado una historia limpia y lógica – que una activista en una cruzada chocó con una compañía hidroeléctrica y pagó el precio último por su resistencia, y que ahora un insidiosa estructura del “estado profundo” y “élites” económicas deben ser traídas a rendir cuentas en servicio de la justicia. Desafortunadamente, no es una historia que se base en ninguna evidencia, y la aparente falta de preguntas y de debida diligencia de las ONGs para substanciar esta teoría es, muy francamente, alarmante.

Como estas organizaciones quieren tanto que se haga justicia, han acríticamente aceptado conclusiones sin exigir evidencia. Muchas han decidido que este tipo de fallo es aceptable, que DESA y otros deben ser encontrados culpables simplemente porque el COPINH eso dice, aunque ello signifique violar la ley y violar derechos humanos para así conseguirlo. Se fija así un atroz precedente para la justicia hondureña, horadando más aún ya débiles instituciones, y poniendo al estado bajo el control de intereses privados que, en un perverso giro, que recuerda el colonialismo, valora más los deseos de grupos de presión no elegidos de países ricos que los derechos al debido proceso y la presunción de inocencia que los hondureños han escogido consagrar como parte de su sistema jurídico.

Demandamos Juicios Justos

Pronto toda la transcripción del juicio estará disponible. Nuestra intención es pedir una revisión exhaustiva por expertos independientes para ver si el juicio se acercó de alguna forma a los estándares internacionales. Le imploramos a la comunidad internacional de ONGs que haga lo mismo, que deje a un lado sus sesgos y preconcepciones, y reconozca que la más importante prioridad es que la independencia judicial se mantenga, que los derechos se honren, y que las cortes celebren juicios justos e imparciales aun cuando, y especialmente cuando, el resultado no es popular políticamente.

Firmado,

Robert R. Amsterdam