“En el caso Berta Cáceres, las ONG apoyan sin saberlo a una organización criminal”

Por Ángel Martínez

No es fácil defender al ‘malo de la película’, sobre todo cuando nadie cree su versión de la historia. Esa es precisamente la misión del abogado Robert Amsterdam, contratado por Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), para defender a la compañía en el juicio por el asesinato de Berta Cáceres. El escándalo internacional que provocó la muerte de la activista medioambiental, ganadora del Premio Goldman (el Nobel Verde) -y de un pulso contra China y el Banco Mundial-, convirtió este crímen en uno de los pocos que han trascendido fuera de Hondurasel país más peligroso del mundo junto a Perú y Brasil para los defensores del medio ambiente.

El proceso comenzó el 17 de septiembre, dos años y medio después del asesinato, con ocho acusados en el banquillo, entre ellos Sergio Ramón Rodríguez, gerente de DESA, compañía a la que Cáceres se oponía para evitar la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. Tras su muerte a manos de unos sicarios, la familia de Cáceres, junto a COPINH (el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, del que la activista era coordinadora general), contrató a un grupo de abogados internacionales (GAIPE) para que realizarán investigaciones. De dichas indagaciones -que consideraron independientes- surgió un informe que señaló a altos directivos de DESA como los “autores intelectuales” del asesinato -entre ellos Roberto David Castillo Mejía, presidente en el momento del crimen, detenido en marzo de 2016. Ahora que el juicio está en marcha, El Confidencial entrevista a Robert Amsterdam, abogado con 37 años de experiencia en casos de alto perfil en mercados emergentes.

“He trabajado en Latinoamérica durante 20 años, entiendo lo importante que es luchar contra la impunidad. Pero, en este caso, el Gobierno de Honduras está entre COPINH, que ha lanzado una campaña internacional y que tiene el respaldo de cada ONG del mundo, y el Gobierno de EEUU (que condiciona parte de su ayuda económica a los progresos en la defensa de los derechos humanos). Lo que está ausente es la ley“. Amsterdam comienza sin necesidad de preguntas. Subraya las conclusiones del informe que encargó al prominente abogado penalista Brian Greenspan, como respuesta a la investigación del GAIPE.

“El informe Greenspan deja muy claro que el informe anterior carece de substancia. Identifica la falta de objetividad, el llegar a conclusiones sin prueba, y un patrón de parcialidad que viola los derechos de los acusados a un juicio justo. Mi pregunta a Amnistía Internacional*, organización a la que apoyo, y otras ONG es por qué todo el mundo acepta la versión de COPINH sin preguntas. Esa es la gran cuestión”, asegura Amsterdam.

PREGUNTA. Usted denuncia que el discurso de las ONG se ha impuesto en este juicio, ¿por qué?

RESPUESTA. COPINH no es una ONG, pero Amnistía u Oxfam nunca fueron a las fuentes, a los indígenas… COPINH tiene grandes lobbies a su favor y una gran historia y, si no investigas, te quedas con eso. COPINH ha bloqueado proyectos por valor de millones de dólares que traerían miles de puestos de trabajo. La razón es que, en realidad, es un partido político que busca un cambio de gobierno en Honduras, por eso no quiere que la gente tenga trabajo. Ha utilizado este caso con un objetivo político, para hacer campaña y detener el proyecto de Agua Zarca. En el caso de la presa, los dueños desplazaron el proyecto, aquello costó millones de dólares, pero incluso con este cambio COPINH siguió protestando.

Castillo y Rodríguez no podían permitirse que hubiera muertos en las protestas contra la presa de Agua Zarca, pero COPINH quiere asegurarse de asustar a los hombres de negocios y que nadie invierta en Honduras. Estoy aquí para que las ONG españolas que financian a COPINH hagan su propia investigación. No detienes la impunidad en Latinoamérica rompiendo la ley.

P. Usted asegura, citando el informe Greenspan, que en el informe del GAIPE hay un patrón de parcialidad que viola el derecho de los acusados a un juicio justo. ¿Cómo se explica que una institución tan prestigiosa como el GAIPE haya cometido semejantes errores?

R. El GAIPE está integrado por defensores de los derechos humanos portentosos, pero que no conocen este caso ni están familizariados con casos criminales. Cuando lees su informe está absolutamente claro que no tienen pruebas. Por eso contraté a Greenspan. Lo que me ofende tras tantos años de trabajo en Latinoamérica es COPINH, que es una organización política de naturaleza criminal.

P. El informe del GAIPE dice que agentes del Gobierno de Honduras y altos directivos de DESA colaboraron en “la planificación, la ejecución y el encubrimiento” del asesinato de Berta Cáceres, pero usted asegura que lo hicieron sin pruebas…

R. Yo tengo evidencias creíbles de que COPINH encubrió el asesinato. Comenzó esta campaña sabiendo muy bien que Rodríguez y Castillo no tienen nada que ver con la muerte de Berta, quien, de hecho, tenía una buena relación con Castillo, según sugieren las pruebas. El día de su muerte habló con un periodista sobre lo que consideraba la gran amenaza para su vida: una compañía minera. Por otra parte, sabemos que la policía tiene cuatro o cinco teorías sobre quién mató a Berta. Este es un caso muy sucio. Dos de los policías que participaron en la investigación están en la cárcel, como Castillo.

P. ¿Por qué, entonces, la Fiscalía General de Honduras considera que Castillo era “la persona a cargo de proveer logística y otros recursos a uno de los autores materiales del crimen”?

R. No hay duda de qué saben quienes están involucrados. Lo que no dicen es que Castillo y Berta tenían una relación estrecha. Nadie menciona que se cambió la localización del proyecto. COPINH quiere extender la idea de que el proyecto no tenía apoyo local, pero hay comunidades que sí lo apoyaban. Dichas comunidades han sido silenciadas con violencia y COPINH no pueden negarlo.

P. El resultado de la investigación podría afectar a la ayuda financiera de EEUU a Honduras. Por ello, es difícil comprender “las irregularidades y la ausencia de voluntad política para esclarecer este caso emblemático”, en palabras de la Coordinadora Principal del Programa de Seguridad Ciudadana para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Adriana Beltrán.

R. No voy a comentar esas declaraciones. Lo que está claro es que hay una investigación en curso (el juicio ha comenzado sin que dicha investigación haya concluido) y que el Gobierno sabe muy bien que DESA no son los “autores intelectuales” de este crimen.