Libro Blanco – Una Guerra Contra El Desarrollo: Exponiendo la Campaña de Desinformación del COPINH en Torno al Caso de Berta Cáceres

En la noche del 2 de marzo de 2016, tuvo lugar un espantoso asesinato en La Esperanza, Honduras. Por lo menos dos individuos forzaron la entrada a una casa privada, y dispararon tanto a la dueña de la vivienda como a su huésped. La dueña de la vivienda moriría a causa de varios disparos recibidos en la parte superior del pecho antes de que pudiera llegar la ayuda, mientras que su huésped pudo sobrevivir con heridas de bala en la oreja y el brazo.

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Este hecho pasaría desapercibido, en un país con elevadas tasas de violencia – sólo en 2016, hubo 5,154 asesinatos. Pero en este caso la víctima fue Berta Cáceres, una activista conocida internacionalmente y líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una de las organizaciones políticas más poderosas del país.

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Partiendo del trasfondo de las crecientes tasas de crimen, impunidad y los precedentes de amenazas y violencia contra activistas ambientales y de derechos humanos, el asesinato de Cáceres generó una reacción estridente por parte de las organizaciones no gubernamentales (ONG), locales e internacionales. Esta reacción estuvo determinada por el COPINH quien había condenado y enjuiciado directamente a Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) – la sociedad mercantil hondureña creada para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al cual Cáceres se había opuesto previa y rotundamente – como el culpable de lo ocurrido antes de que hubiera empezado siquiera una investigación.

Esta presunción original – de que Cáceres fue asesinada por haberse opuesto al proyecto Agua Zarca – se convirtió en el eje central de la narrativa y retórica internacional. El formidable legado de su recuerdo, que crece cada día, es ahora inseparable de esta noción infundada, raras veces cuestionada y contraria a toda lógica. Esta narrativa contra DESA se volvió una característica doctrinal de la campaña de presión pública de COPINH que ha destruido vertiginosamente una inversión multimillonaria y puesto a nueve personas, primero en detención preventiva y ahora en el banquillo de los acusados (la última persona detenida fue arrestada justo el día en que se cumplían dos años del terrible asesinato).

En un contexto tan frágil para el estado de derecho, con un caso políticamente sensible y controvertido, y acompañado además de una presión internacional sin precedentes, se ha generado una tensión fatal que ha afectado y deformado el debido proceso. Cuando el bufete de abogados Amsterdam & Partners LLP fue contratado a principios de este año para representar a DESA, nuestra primera acción fue nombrar a un experto independiente para que verificara cuidadosamente todos los hechos, evaluara el proceso seguido por el estado, y examinara las conclusiones de un informe realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), un grupo que había sido designado por el COPINH y la familia de la víctima para este fin.

Brian Greenspan, uno de los expertos en derecho penal más respetados de Canadá, visitó Honduras a principios de este año para realizar una investigación. Sus hallazgos – presentados en su totalidad más adelante en este libro blanco – muestran profundas inquietudes en lo relativo a la falta de rigor a la hora de seguir y aplicar los estándares legales y administrativos en el proceso, además de la osada parcialidad exhibida por GAIPE. El Informe de Greenspan detalla cómo los hallazgos claves de las ONG en este caso carecen de fuentes, se basan en suposiciones y conclusiones especulativas, pruebas incompletas, errónea caracterización de la prueba, y una falta general de objetividad.

Impulsados por el apoyo de las ONG a nivel mundial, esta falta de objetividad ha distorsionado otros debates más amplios en el país, creando una nociva e innecesaria separación entre cómo se perciben los derechos de los indígenas (definido de forma extremista por un grupo como el COPINH) y los derechos de otros hondureños a lograr el desarrollo económico.

Este Libro Blanco muestra como en los dos años posteriores al asesinato de Cáceres, la inversión en energías renovables y otros proyectos de infraestructura significativos se han paralizado, y con esto, el desarrollo económico se ha estancado no sólo en Intibucá sino también en el resto del país. El proyecto Agua Zarca habría traído consigo a la zona en cuestión oportunidades muy necesarias, razón por la cual tuvo, de forma abrumadora, el apoyo popular. El proyecto incluía alrededor de 250-300 empleos directos y 1200 empleos indirectos, además de otras infraestructuras cruciales para el desarrollo de la zona. Ahora, con el proyecto casi destruido, estos grupos activistas también han detenido al menos otros cinco proyectos hídricos paralizando aproximadamente 260 millones de dólares en inversiones y más de 30,000 empleos directos e indirectos.

Mucho antes del 2 de marzo de 2016, el COPINH había empezado a difundir información falsa sobre DESA, lo cual incluía vagos reclamos sobre supuestas violaciones de derechos de la comunidad indígena en sus procesos de consulta, que el proyecto amenazaba “formas tradicionales de vida”, y varios reclamos sin especificar sobre daños al medioambiente. En muchos casos, las razonables exigencias de responsabilidad a partir del asesinato han mutado, convirtiéndose en un mensaje radical anti-desarrollo, que ha sido aceptado pasivamente por las ONG a nivel mundial y la comunidad internacional a pesar de una falta manifiesta de verificación independiente.

Si estos entes internacionales se hubieran ocupado de llevar a cabo su propia investigación de los hechos, y hubieran visitado a las comunidades en los Departamentos de Intibucá y Santa Bárbara, podrían haberse sorprendido al encontrar una situación mucho más compleja de la que ha sido retratada, en la cual una clara mayoría de los residentes locales habían apoyado al proyecto, y en la que el COPINH no era considerado, ni tan siquiera remotamente, representante de sus intereses.

El proyecto Agua Zarca, el cual se planificó como un proyecto hidroeléctrico del tipo filo de agua de moderada capacidad en el Río Gualcarque, fue uno entre las varias decenas de proyectos hidroeléctricos que se aprobaron a través de legislación nacional en el año 2010. DESA obtuvo todos los permisos legislativos y regulatorios necesarios de manera legal, y se involucró con las comunidades locales dentro del área de influencia el proyecto. El proyecto se sometió a un riguroso proceso de diligencias necesarias, tanto a nivel interno como con expertos externos nombrados por las instituciones financieras internacionales que apoyaban el proyecto. DESA se comprometió sólidamente con sus políticas de responsabilidad social, con empleos locales, planes para nuevos caminos, acceso a electricidad, agua limpia, educación y ayudas al desarrollo agrícola.

Inicialmente todas las comunidades de las zonas circundantes, incluyendo a todas las comunidades indígenas, apoyaron el proyecto. Pero, según el proyecto fue avanzando, los activistas del COPINH comenzaron a difundir información falsa con el objetivo de sembrar la discordia para lograr oposición al proyecto. El COPINH declaró, entre otras cosas, que DESA privatizaría el agua del Río Gualcarque y que además ésta no había consultado con las comunidades conforme se prevé en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Convenio 169 de la OIT) —estas alegaciones carecen de fundamento legal y fáctico. Sin embargo, para el año 2013, estos esfuerzos ya habían dado frutos ya que algunos residentes de la Tejera, una de las comunidades lencas afectadas, empezaron a oponerse al proyecto (no obstante, todas las demás comunidades se mantuvieron a favor).

El COPINH, a lo sumo, no es lo que parece ser. Esta organización ha logrado renombre a través de métodos de confrontación, con frecuencia violentos y una retórica antiestadounidense. Este libro blanco incluye testimonios de una gran cantidad de víctimas que han sufrido las consecuencias de los actos deplorables llevado a cabo por los miembros de COPINH. La oposición del COPINH a Agua Zarca, en particular, parece estar motivada por su selectiva agenda contra el desarrollo y contra la generación de energía hidroeléctrica, y no en los méritos del proyecto o los verdaderos deseos y necesidades de las comunidades locales. Los reclamos sobre sostenibilidad ambiental son infundados y carecen de base, mientras que la difusión regular de información falsa sobre el proyecto ha menoscabado con frecuencia el diálogo.

Asimismo, las confrontaciones se intensificaron y en el año 2013 el COPINH llevó a cabo una serie de bloqueos de carreteras que conducían al lugar del proyecto, destrozó vehículos y equipos de DESA, cortó postes de líneas eléctricas, y destruyó un puente construido sobre el Río Gualcarque. Las tensiones aumentaron cuando el 15 de julio de 2014 partidarios de COPINH entraron empuñando machetes al recinto de construcción. Ese día personal militar mató a un simpatizante de COPINH, y otro simpatizante de COPINH disparó y mató a un miembro de la comunidad, un niño de catorce años.

En un esfuerzo para reducir las tensiones, DESA nuevamente consultó con las comunidades locales y decidió mover el proyecto, pese a la pérdida de la inversión. Con este objetivo escogió un lugar situado fuera de la comunidad de la Tejera. Esto no fue suficiente para el COPINH y sus miembros empezaron a hostigar y amenazar a las comunidades cercanas que apoyaban el proyecto. De hecho, en 2016 este grupo llegó a organizarse para que trajeran a activistas de otros departamentos y regiones del país ya que incluso en La Tejera algunos habían empezado a distanciarse de la oposición militante y violenta del grupo. Sin embargo, la reubicación del proyecto tuvo éxito a los ojos de la compañía y de sus socios internacionales y por lo tanto el trabajo prosiguió de forma pacífica positivamente, e ininterrumpidamente por quince meses, con el apoyo además de las comunidades locales.

La trágica muerte de Cáceres no habría podido ser un peor resultado para el proyecto, pues llevó a la suspensión indefinida de éste, la detención preventiva de dos ejecutivos, y a las calumnias de una opinión pública indignada con la situación.

Ninguno de los hechos arriba descritos disminuye la gravedad del crimen cometido en el día 2 de marzo de 2016 o la necesidad de una investigación exhaustiva y verdaderamente independiente destinada a buscar y lograr justicia y la rendición de cuentas. Sin embargo, muchas de las apasionadas valoraciones vertidas por terceros activistas – quienes con frecuencia están mal informados – contribuyen a crear un ambiente de tensión y presión política que tiene consecuencias nefastas para el debido proceso.

A través de las siguientes páginas y de la información que vamos a exponer, invitamos al lector a realizar un examen riguroso de las pruebas y hechos que aquí presentamos. En este sentido, damos la bienvenida a un debate sobre los derechos de quienes son apoyados y los derechos de quienes son ignorados por la conducta a ciegas de las ONG mundiales que trabajan Honduras. En base a lo que hemos descubierto hasta ahora, tanto el proyecto de Agua Zarca en sí, como el asesinato de Berta Cáceres requieren de un examen exhaustivo e imparcial basado en los hechos. Esto es necesario, no solo para mantener y fortalecer las garantías legales y el estado de derecho en Honduras, sino también para fomentar y promover el entendimiento internacional de las condiciones y circunstancias que presenta esta zona del país y que precedieron a la disputa.