” Podemos y oenegés alientan a la turbia organización Copinh en el ‘caso Berta Cáceres’ “

Por Juan Carlos Martínez

El juicio por el asesinato, en marzo de 2016, de la activista hondureña Berta Cáceres, presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), ya tiene fecha de inicio prevista para el próximo 19 de octubre.

Una vista judicial que, desde Tegucigalpa, suscitará en España –y sobre todo en Cataluña— el interés de organizaciones no gubernamentales (ONG), como Amnistía InternacionalOxfam Intermón o Human Rights Watch, y de fuerzas políticas como Podemos, que, en los dos últimos años, han dado su apoyo explícito a la campaña internacional que lleva a cabo la organización Copinh, en el sentido de respaldar la acusación de dos miembros de la empresa eléctrica hondureña Desarrollos Energéticos (Desa) del asesinato de la activista.

Desde Podemos, el pasado mes de marzo, coincidiendo con el segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres, emitían un comunicado de apoyo a Copinh, “exigiendo justicia y una investigación en profundidad que esclarezca todas las responsabilidades, incluidas, si las hubiera, de las instituciones hondureñas y de la empresa Desa”.

Promover el Memorial Berta Cáceres, en Barcelona

El último impulso a esta campaña se producía hace unas semanas, cuando el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), junto a las asociaciones Entrepobles y Fundipau, lanzaban la propuesta de crear un Memorial Berta Cáceres en el futuro parque de las Glorias, en Barcelona, y remitían una petición escrita al Ayuntamiento de la Ciudad Condal presidido por Ada Colau, de cara a contar con su apoyo.

Un respaldo, el de oenegés y partidos políticos españoles, que se ha hecho extensible a otros muchos lugares del mundo, gracias a la “gran influencia internacional adquirida por Copinh en los últimos años, convertida en mucho más que una simple organización defensora de los derechos de los indígenas, para erigirse en todo un poderoso lobby, que solo busca negar el desarrollo económico de Honduras”, comenta Robert Amsterdam, el abogado canadiense experto en litigios internacionales, que ha sido contratado por Desa para defender en el juicio a sus dos directivos, encarcelados desde hace dos años.

Copinh, objeto de controversia

En su defensa de los directivos encarcelados, el letrado canadiense pondrá sobre la mesa evidencias de que “Copinh no es una organización representativa del conjunto de poblaciones indígenas, y que, además, es objeto de un fuerte rechazo por parte de importantes grupos indígenas hondureños”, apunta.

Recelos que, según Amsterdam, surgen del fuerte componente ideológico de esta organización que, con frecuencia, “suele prevalecer como motivo de oposición a una defensa razonada de los intereses de los grupos a los que dice defender”.

Apoyo indígena a la central eléctrica Agua Zarca

Así, entiende el letrado norteamericano, ocurrió en el caso del proyecto Agua Zarca, la central hidroeléctrica que Desa iba a promover en Honduras. Una instalación apoyada por la inmensa mayoría de las comunidades circundantes al proyecto, incluidas las poblaciones indígenas, pero que Copinh siempre trató de obstaculizar, sin mostrar interés alguno en introducir modificaciones al proyecto de la central.

Desde el punto de vista procesal, Robert Amsterdam cuenta con un demoledor informe, redactado por el prestigioso abogado penalista canadiense Brian H. Greenspan, en el que se señala que, en este caso, se realizó una investigación inadecuada e injusta, que no cumplió con los estándares internacionales mínimos.

Proceso penal sin garantías

Investigación basada únicamente en un documento redactado en Honduras, a instancias de Copinh, por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe) y encargado por Copinh, que Greenspan descalifica de cabo a rabo.

Apunta el experto penalista canadiense que, en el caso del asesinato de Berta Cáceres, no se protegió adecuadamente la escena del crimen y se demoró su examen. Tampoco existe un resultado de la autopsia y los análisis de sangre se destruyeron accidentalmente. Asimismo, se detectaron importantes incongruencias en los informes de balística.

Un cúmulo de circunstancias que, a juicio de Robert Amsterdam, conducen a una condena previa de los acusados tras haberse quebrado el principio de presunción de inocencia al que todo acusado tiene derecho. Ante esta evidencia, reclama un proceso penal en el que prevalezca la voluntad de esclarecer los hechos en base a pruebas incriminatorias y no a informaciones sesgadas y no contrastadas.